Este sábado, en El Timbó, se reunió el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino, presidido por el Sr. Alberto Padoan,. Estuvieron presentes representantes de cámaras empresarias, centros industriales y comerciales, sociedades rurales, municipios y comunas de Vera, General Obligado y 9 de Julio. Como invitado especial, participó de la reunión el Ing. Gustavo Villa Uría, funcionario del Ministerio de Planificación de la Nación. Uno de los temas centrales fue el desarrollo de la región en el marco del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial.
En términos generales, se trataron diversas cuestiones referidas a infraestructura, producción, economía, gobierno y desarrollo. Uno de los temas prioritarios de la jornada, que comenzó a las 11,30 en la estancia La Betina, fue el Gasoducto del NEA y la necesidad de que la zona oeste de la provincia sea incorporada en la traza inicial. Asimismo, se habló del Proyecto de Promoción industrial, planteando la entidad una clara necesidad de contar con el apoyo legislativo para la aprobación de este proyecto que implicaría ventajas competitivas al reducir impuestos y costos de energía. En el mismo sentido, se trató en la reunión sobre la posibilidad de solicitar a las autoridades provinciales un Fondo de Reparación Histórica proveniente de la soja. Ambos temas apuntan a acortar la brecha de desigualdades que la zona norte santafesina tuvo y tiene con el resto del territorio provincial.
PEAA 2010-2020: Industrializar la ruralidad
Invitado especialmente para esta reunión, el Ing. Villa Uría expuso de manera didáctica y contundente acerca de las posibilidades de la región de alinearse al Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020. Habló del carácter integral de este plan que apunta a cambios estructurales en lo económico y lo productivo. Además, explicó que, si bien la inquietud del encuentro radica en la necesaria obra de riego complementaria, “es necesario para pensar en soluciones competitivas, regionales, y con fundamentos técnicos y proyectados a futuro”. El PEAA proyecta para esta zona, y en especial para los Bajos submeridionales, la potenciación a través del aumento de las superficies de siembra, de cabezas de ganado, y de la “Industrialización de la Ruralidad” a través del Agregado de valor en origen, consigna clara de la Presidencia de la Nación para los próximos años.
Ante la interpelación del funcionario, CORENOSA se define como promotora de los pasos a seguir y observa la necesidad de sumar a técnicos e instituciones de la región, como el INTA y la UTN, y los gobiernos provinciales de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero. El objetivo es encuadrar proyectos y propuestas ya definidos por las instituciones de la zona como prioritarios (como es el caso del riego, entre otros) en función de lo que plantea el PEAA, que ya cuenta con presupuesto en la Nación. Para ello es necesario revisar la infraestructura que la zona necesita, y argumentar su conveniencia sobre la base de las proyecciones productivas que la región puede abarcar.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Un apartado especial tuvo el sábado, entre los casi 30 referentes institucionales asociados a CORENOSA, la iniciativa legislativa encabezada por el diputado Alberto C. Cejas, que proponen la aplicación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las exportaciones de porotos de soja y sus derivados, y a las actividades de industrialización de cereales y oleaginosas, y con esa recaudación generar dos Fondos: uno para atender el déficit habitacional y otro para el fomento de la industria.
El análisis hecho por CORENOSA advierte que una medida de este tipo no sólo afectaría a las empresas ya radicadas en la provincia, sino que desalentaría la inversión y el desarrollo de nuevos emprendimientos. Asimismo, se observa que como la carga impositiva local no podrá volcarse a los precios internacionales, generaría un traslado de costos a los eslabones anteriores de la cadena comercial interna que, en definitiva, terminará repercutiendo sobre el productor agropecuario. Es decir que, no serán sólo las empresas exportadoras las que soportarán las consecuencias del proyecto, sino toda la cadena y en particular la producción agrícola. El peso del tributo en cascada recaería en este caso sobre todos los consumidores finales del país.